“Una justicia que llega tarde no puede ser justa. No podemos permitir que una ley que nació para agilizar los procedimientos termine provocando más retrasos y mayores costes para los ciudadanos”, manifestó la candidata referida a la Ley 1/2025 de Eficiencia de la justicia.

La candidata al Congreso de los Diputados por Las Palmas de Primero Canarias–Coalición Canaria, María Fernández, ha mantenido un encuentro con profesionales de la abogacía de Las Palmas de Gran Canaria para abordar las principales dificultades que afrontan en el ejercicio de su actividad y analizar las reformas legislativas estatales que consideran necesarias.

Durante la reunión, mantenida con los abogados Carlos Santana, Verónica Planas, Francisco Nuez, Isabel Tabares y Carolina Guerra, los profesionales pusieron sobre la mesa dos cuestiones prioritarias: la necesidad de actualizar la Ley de Propiedad Horizontal para adaptarla a la realidad actual del parque inmobiliario y los problemas que, según denunciaron, está ocasionando la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La vicepresidenta del colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas, Carolina Guerra Cabrera, trasladó la preocupación del sector por las limitaciones de una normativa que, pese a sus sucesivas modificaciones, consideran insuficiente para responder a los desafíos actuales de las comunidades de propietarios, especialmente en materia de rehabilitación, reformas y gestión de los inmuebles. Asimismo, recordó que el Consejo General de Administradores de Fincas ya ha solicitado una actualización de esta legislación para dar respuesta a las necesidades reales de los profesionales y de los ciudadanos.

Una justicia que tarda más y cuesta más

Otro de los principales asuntos abordados fue la aplicación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), introducidos por la Ley Orgánica 1/2025 como requisito previo para acudir a la vía judicial en numerosos procedimientos civiles.

Los representantes explicaron que, aunque el objetivo de fomentar los acuerdos extrajudiciales podía resultar positivo, su aplicación generalizada está generando mayores dificultades en aquellos conflictos en los que no existe una posibilidad real de negociación. Los profesionales advirtieron de que estas situaciones retrasan el acceso a los tribunales y suponen mayores costes para los ciudadanos.

María Fernández compartió la preocupación trasladada durante el encuentro y subrayó la importancia de que las reformas judiciales respondan a las necesidades reales de quienes trabajan diariamente en los juzgados y de las personas que esperan una resolución.

“Una justicia que llega tarde puede dejar de ser justa. No podemos permitir que una ley que nació para agilizar los procedimientos termine provocando más retrasos y mayores costes para los ciudadanos”, manifestó la candidata.

Fernández recordó que detrás de cada procedimiento judicial hay personas que esperan respuestas sobre cuestiones fundamentales de sus vidas, desde la custodia de sus hijos hasta conflictos relacionados con herencias, viviendas o derechos patrimoniales.

La candidata también incidió en que cualquier reforma de la organización judicial debe ir acompañada de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una tramitación ágil de los expedientes.

“No se puede hablar de eficiencia si los profesionales no disponen de los medios adecuados y los ciudadanos tienen que esperar cada vez más para obtener una resolución judicial”, zanjó la candidata al Congreso por Primero Canarias-Coalición Canaria.